JIMENEZ Y LOZANO ABOGADOS es un despacho reconocido por su amplia experiencia y prestigio en el ámbito de la extradición. Nuestro equipo de abogados penalistas se ha especializado en estos casos complejos, brindando un servicio de calidad y excelencia a nuestros clientes.
Este acuerdo establece las bases legales y los procedimientos específicos para solicitar la entrega de un individuo acusado de un delito que debe ser llevado ante la justicia en otro país.
Si se resuelve negativamente, el Tribunal ordena la puesta en libertad de la persona reclamada y lo comunica al Ministerio de Justicia, y éste al de Exteriores para que lo comunique al Estado requirente.
Nuestra experiencia y compromiso con la excelencia nos permiten ofrecer un servicio jurídico integral y de calidad para proteger sus intereses en situaciones legales complejas.
En primer lugar, diversos tratados y acuerdos internacionales establecen que no se debe conceder la extradición por este tipo de delitos. Esta medida se adopta para proteger los derechos humanos y evitar que personas sean perseguidas o juzgadas por motivos políticos.
Se refiere a la perspectiva del estado requirente y tendrá lugar cuando el Estado español sea el que lo solicite a otro Estado.
Esta colaboración interna y enfoque estratégico nos permite maximizar las posibilidades de éxito y obtener resultados favorables para nuestros clientes.
Nuestro despacho cuenta con el aval de un importante número de clientes satisfechos con nuestros servicios penalistas address y penitenciarios. Prestamos servicios en el ámbito del Derecho Penal Internacional.
O dicho en otras palabras, la extradición es la petición que un Estado realiza a otro solicitando la entrega de una persona que cometió o se cree que ha cometido un hecho delictivo, con el fin de que cumpla su More hints condena o sea juzgada.
Como abogados especialistas en extradiciones, debemos conocer, que una extradición no se concede ante los siguientes supuestos:
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La extradición activa se refiere a cuando un país solicita la entrega de un individuo fugitivo que se encuentra en otro país.
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Si el país reclamante no da garantías suficientes de que la persona no va a ser sometida a tratamientos inhumanos, degradantes o incluso a pena de muerte.